Jurisdiction

Antecedentes (saltar)

El concepto de jurisdicción comúnmente se utiliza para referirse a dos aspectos legales primordiales: (i) hasta que medida un juzgado o tribunal es legalmente competente para conocer acerca de una controversia transfronteriza y aplicar las leyes del lugar en donde se encuentran domiciliados; y (ii) en que momento un juzgado o tribunal tiene el derecho de imponer su jurisdicción como resultado de una controversia suscitada entre dos partes. La cuestión de jurisdicción y su planteamiento en países con sistema jurídico common law y de derecho civil discrepan significativamente. Asimismo, el hecho de que el Internet representa numerosas ventajas para las empresas y los consumidores como por ejemplo, concluir un contrato con el simple clic del ratón; la facilidad para transferir pagos y recibir bienes y servicios en forma digital, sin estar físicamente presente en un determinado territorio hacen que los dos aspectos jurídicos anteriormente mencionados se tornen en una cuestión difícil de resolver, particularmente en el contexto de actividades que se llevan a cabo en línea y de transacciones tranfronterizas en el nicho de mercado negocio a consumidor (B2C). El aspecto sobre jurisdicción ha sido considerado y debatido en diferentes áreas de la regulación del Internet, tales como contratación mercantil y al consumidor, privacidad, juegos de apuesta, calumnias y difamación y derechos de propiedad intelectual tales como marcas, nombres de dominio y derechos de autor.

Países alrededor del mundo tiene diversos enfoques de política sobre protección al consumidor y por lo tanto leyes distintas de protección al consumidor. Cuando se suscita una controversia entre un consumidor y una compañía o vendedor extranjeros, dos preguntas complicadas e importantes se presentan y comúnmente son materia de un amplio debate: (i) que leyes de un país deberán aplicar a la transacción (“derecho aplicable”); y (ii) cuales juzgados o tribunales de un país serán competentes para conocer de la controversia (“jurisdicción competente”).

Los tribunales del sistema Common Law alrededor del mundo han aplicado diversos criterios para determinar si tienen jurisdicción sobre controversias que se presentan en el Internet. Algunos tribunales han simplemente aplicado las reglas tradicionales existentes, mientras que otros juzgados han tratado de desarrollar nuevos criterios con el objeto de adaptar la singularidad del comercio electrónico. Como consecuencia, es difícil encontrar consistencia en la aplicación de reglas para determinar si un determinado tribunal tiene jurisdicción sobre una disputa que se presente en el Internet.

En los Estados Unidos, las reglas sobre jurisdicción y derecho aplicable están basadas en nociones de “racionalidad” y “equidad fundamental” para ambas partes, actores y demandados y son resueltas sobre una base flexible de caso por caso en vez de aplicar únicamente reglas directamente codificadas. La equidad de someter a una parte demandada a la jurisdicción y leyes de un determinado país, se resuelve mediante la aplicación de una variedad de factores a los hechos concretos específicos de cada caso. Como una cuestión general, jurisdicción para casos iniciados por consumidores se determina como sigue: (i) en la ausencia de una cláusula sobre jurisdicción competente en un contrato, las empresas se sujetan a la jurisdicción privada específica de aquellos lugares en donde han fijado zonas objetivo (target) y donde han vendido bienes a los consumidores; (ii) muchos tribunales Americanos se han negado a defender cláusulas sobre jurisdicción competente en contratos sobre consumidores partiendo de la base de que son injustos e irrazonables. Asimismo, los juzgados Americanos generalmente sostienen que las autoridades de protección al consumidor pueden hacer valer su jurisdicción a empresas extranjeras que dañen a los consumidores Americanos.

Europa tiene reglas específicas relacionadas a aspectos jurisdiccionales derivados de actividades de comercio electrónico. La Convención de Bruselas sobre Jurisdicción y Reconocimiento de Ejecución de Sentencias en Materia Civil y Mercantil (conocida como la “Convención de Bruselas”) y la Convención del CE sobre el Derecho Aplicable a Obligaciones Contractuales (conocida como la “Convención de Roma”) regulan los aspectos sobre jurisdicción y derecho aplicable en contratos en materia de consumidor concluidos a través del Internet, respectivamente. Bajo dichas convenciones, la jurisdicción y el derecho aplicable para contratos en materia de consumidor toman en cuenta si el consumidor es “activo” o “pasivo”. El consumidor se considera “pasivo” cuando concluye un contrato en su lugar de residencia y dicho contrato fue precedido mediante una invitación específica o mediante publicidad. Un consumidor pasivo puede entablar una demanda derivada de un contrato en su propio país y las leyes del país donde se encuentra serán aplicables. Una cláusula sobre jurisdicción competente en un contrato no cambia el resultado y una cláusula sobre derecho aplicable en un contrato no podrá traslapar las protecciones obligatorias permisibles en el país de un consumidor.

Asimismo, la Convención de Bruselas contiene reglas especiales que prevén que para el caso de contratos en materia de consumidor, se deberán satisfacer criterios relevantes que consisten en que un proveedor en Internet “oriente o dirija sus actividades” en el domicilio del consumidor. Además, los Estados Miembros de la Unión Europea tienen en vigor leyes sobre protección al consumidor de conformidad con las Directivas Europeas que aseguran que todos los consumidores sean adecuadamente protegidos por la legislación del país de origen.

El aspecto sobre política de jurisdicción en transacciones del consumidor en Internet ha sido tomado en cuenta en el ámbito de organismos internacionales. Por ejemplo, los Lineamientos para la Protección al Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los cuales son considerados como una regulación blanda, no obligatoria, contienen una disposición sobre jurisdicción y derecho aplicable en el área de transacciones B2C señalando la siguiente recomendación: “Las transacciones transfronterizas entre empresa y consumidores, llevadas a cabo electrónicamente o por otros medios, están sujetas al marco legal vigente sobre ley aplicable y competencia jurisdiccional. El comercio electrónico representa retos para los sistemas legales vigentes. Por lo tanto, debe considerarse la necesidad de modificar el marco vigente sobre ley aplicable y competencia jurisdiccional, o aplicarlo de manera diferente, con la finalidad de asegurar una efectiva y transparente protección al consumidor en el contexto del desarrollo del comercio electrónico. Al considerar si es necesario modificar el esquema vigente, los gobiernos deben asegurar que éste proporcione equidad a consumidores y empresarios, facilite el comercio electrónico, permita que los consumidores obtengan un nivel de protección que no sea inferior al que se otorga en otras formas de comercio, y les otorgue acceso oportuno a los mecanismos de resarcimiento y resolución de disputas sin costos o cargos onerosos”.

Asimismo, la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado (HCPIL) ha elaborado una Convención de Contratos Celebrados sobre Elección Exclusiva de Tribunal en Materia Civil y Mercantil la cual busca crear un régimen jurídico internacional que asegure la efectividad de la ejecución de los contratos celebrados que versen sobre elección exclusiva de tribunal competente entre partes de derecho privado en materia civil y mercantil. Sin embargo, contratos en materia de consumidor han sido excluidos del alcance de esta Convención.

NACPEC ha creado específicamente esta sección con el propósito de ofrecer a nuestros visitantes algunas de las fuentes de información, documentos, legislación, organizaciones y vínculos más relevantes sobre jurisdicción y derecho aplicable en Internet.

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